El Profesor Marco Giampani, académico integrante del Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal, fue entrevistado como penalista experto de la Universidad de Buenos Aires, en una nota de prensa con diversos especialistas internacionales, sobre el sistema carcelario latinoamericano, denominado: «Megacárceles: ¿un problema de cantidad o de administración?».
La idea de grandes cárceles para combatir el crimen, en especial el narcotráfico, ha sido una opción que se ha popularizado en Latinoamérica. De hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró a inicios de este año el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión con capacidad para 40.000 internos.
Por otro lado, en Chile el ministro de justicia, Luis Cordero, anunció en marzo de este año que en ese país había más de 54.000 personas privadas de libertad, por lo que existían condiciones de hacinamiento en las cárceles más grandes. Aun así, el ministro descartó, según reportó diario La Tercera, optar por la construcción de megacárceles como solución, al considerarlas un detrimento y que al momento de llegar a estar sobrepobladas, las cárceles muy grandes generarían “un incentivo inverso”.
En un escenario con diversas figuras políticas de la región a favor o en contra del modelo de megacárceles, se ha abierto una discusión en el mundo de los penalistas: ¿son este modelo de prisión la solución a la criminalidad? ¿Cuáles son los factores que determina el éxito o fracaso de una cárcel y qué modelos internacionales penitenciarios representan buenos ejemplos a seguir? Las respuestas varían.
Para el profesor de criminología en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y de derecho procesal penal en la Universidad de Buenos Aires, don Marcos Giampani, en Argentina hay un fuerte problema carcelario, hasta el punto que en Buenos Aires aquellos que se les aplica la prisión preventiva en vez de pasar el tiempo de investigación en una cárcel, la pasan en los espacios de encierro en alcaidías (comisarías): “Son sitios que están pensados para que, en caso de detenciones en flagrancia, la persona pase encerrado unas horas, no más de 24, antes de ser llevado a disposición del proceso judicial para que se decida las medidas cautelares y ni para cumplir una pena”.
Para el académico del CTDP, los orígenes del problema en Argentina son varios: por un lado, no se encuentra en la agenda pública la idea de invertir en nuevas cárceles para reducir las tasas de sobrepoblación, pero al mismo tiempo es un problema el sobreuso de la prisión preventiva como medida cautelar en una investigación penal, lo que llena las cárceles con personas respecto de las cuales no se ha confirmado que sean responsables de un crimen.
“No creo que las cárceles sean una respuesta a la criminalidad, son una parte del sistema, pero no son la respuesta, menos cuando existe una discusión pendiente vinculada a la tasa de encarcelamiento preventivo en el país. 7 de cada 10 presos lo están sin condena en Argentina, por lo que gran parte del encarcelamiento es preventivo, se encuentran imputados, pero inocentes ante a ley y en plazos de tiempo muy largos”, comenta Giampani.
El problema también se encuentra en Perú. De acuerdo a Fredy Gutiérrez Crespo, fiscal miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y expresidente de la Asociación de Fiscales del Perú, la prisión preventiva es sobreutilizada en el país, por lo que desde un punto de vista criminológico construir prisiones no es la solución, al no existir una política adecuada para el manejo del flujo carcelario.
“Las cárceles se encuentran desbordada en su capacidad, hay algunas que tienen capacidad para 1.000 internos, pero tienen 2.500 y lo más grave ocurre con quienes son procesados y no condenados, ya que se afecta la presunción de inocencia de aquellos internos. Es necesario que los funcionarios judiciales se den cuenta de que la prisión preventiva debe ser muy excepcional”, argumenta Gutiérrez.
El fiscal apunta al populismo penal e interpretaciones jurídicas erróneas como los factores responsables de tal situación: “La politización del sistema penal es la que afecta el derecho fundamental de las personas, entonces como la criminalidad se ha incrementado, políticamente quieren responder metiendo a la cárcel a todas las personas que creen que hayan cometido algún delito, lo que afecta al derecho a la presunción de inocencia. Además, los operadores realizan interpretaciones legales para justificar la prisión preventiva y cuando esos casos se mediatizan, se relativizan esas interpretaciones con las que se manda al imputado a la cárcel, para que la población esté contenta”.
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Fuente: Idealex