El fiscal y académico de la Universidad de Chile, Patricio Rosas, se refirió a las irregularidades detectadas por una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), encargada del control de armas en Chile, enfatizando que el problema radica en la falta de fiscalización de las armas inscritas y en la fuga de armamentos desde particulares a manos de delincuentes.
Tras conocerse el informe realizado por la Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), en la que se detectó a civiles con antecedentes penales, fallecidos y menores de edad con armas inscritas, el doctor en Derecho Penal y académico de la Universidad de Chile, Patricio Rosas, aseguró que para evitar que las cifras alarmantes sigan aumentando, hay que centrarse primero, en la restricción de requisitos para inscribir armamento.
En entrevista con el programa Razones Editoriales de Radio Usach, el también fiscal aseguró que hay que poner principal atención “en la capacidad para inscribir, ese es el primer momento, hay que cerrar la llave de ingreso de armas porque, anualmente, se inscriben aproximadamente entre 7 mil y 8 mil armas”.
“El segundo eje donde hay que poner el acento es en la vida de un arma, que no es independiente, debe ser controlada y fiscalizada periódicamente por el Estado. Paradojalmente, en Chile, de las 750 mil armas que están inscritas por particulares y que son fabricadas industrialmente, solo el 1% alcanzan a ser fiscalizadas por Carabineros de Chile, puesto que no es capaz por eficiencia y por suficiencia, lo que también apunta a repensar las funciones policiales”, dijo.
Y agregó que “el tercer eje es la salida de las armas”, argumentando que “anualmente las policías logran incautar aproximadamente 2 mil armas de fuego versus las 7 mil que se inscriben anualmente”
“El problema no es que se ingresen 7 mil armas de fuego al año y se saquen 2 mil, el problema es la pérdida de las armas. Se reportan como perdidas aproximadamente 5 mil al año, es decir, la gran fuga de armas que van a parar a la delincuencia, son armamentos que deberían estar en manos de particulares responsables y que deberían ser fiscalizadas anualmente”, insistió Rosas, reiterando que “el universo de armas que se incautan -en su mayoría- son armamentos inscritos a nombre de particulares que no deberían haber sido hallados donde se encontraron”.
“Por ejemplo, si comparamos la cantidad de homicidios con armas de fuego, estos alcanzan un 40% de los casos y en algunas comunas, hasta el 80%”, detalló el abogado, puntualizando que para evitar que la circulación de armas en manos de delincuentes, “se deben confeccionar matrices de riesgo, y una política más restrictiva de acceso al armamento, además de aumentar la fiscalización por parte del Estado”.
Cifras
El informe de la Contraloría detalló que hay 22.987 personas con antecedentes penales que mantienen armas vigentes, además de otras 1.714 que no reúnen la idoneidad requerida para tenerlas a su nombre.
Asimismo, “durante la investigación también se determinó que la DGMN autorizó a 5.976 personas a inscribir armas aun cuando tenían antecedentes penales al momento de realizar este trámite, y detectó que hay 9.088 armas que se encuentran registradas bajo la denominación ‘Rut cero’ por lo que la DGMN desconoce el rut, identificación o domicilio de quienes las poseen”.
“De la totalidad de las inscripciones vigentes al 31 de diciembre de 2018, se hallaron 1.083 armas de fuego inscritas por individuos que no eran mayores de edad”, agregó el informe de ente contralor.
Fuente: En Estrado.